La escalada de amenazas y episodios de violencia que alteraron la rutina de distintas escuelas volvió a poner en primer plano cómo actúan las jurisdicciones ante situaciones críticas. En ese marco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó el 21 de abril la activación de su protocolo escolar y el refuerzo de medidas de control y supervisión, mientras que en la provincia de Buenos Aires el abordaje institucional se apoya en lineamientos y guías de intervención ya vigentes.
En la Ciudad, el anuncio oficial señala la activación del “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, con foco en ordenar la intervención institucional y resguardar la integridad de la comunidad educativa. El dispositivo contempla pautas de actuación ante situaciones de riesgo, define responsabilidades dentro de las instituciones escolares y establece la articulación con organismos de salud, seguridad y justicia.
En la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en tanto, la respuesta reciente se expresó a través de un comunicado difundido en el portal ABC, donde se abordan las amenazas en escuelas y se indican criterios de intervención. Según ese posicionamiento, las autoridades educativas provinciales plantearon la necesidad de activar los protocolos ya existentes, reforzar la comunicación con las familias y articular con organismos externos ante situaciones de riesgo, además de evitar la circulación de mensajes que generen alarma.
El encuadre institucional verificable en la provincia continúa siendo la Comunicación Conjunta 1/2023, que actualiza la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar. Este documento establece criterios de intervención, roles institucionales y principios de actuación para situaciones complejas, consolidando un marco previo sobre el cual se organizan las respuestas actuales.
Estos instrumentos se inscriben en un campo más amplio de políticas de convivencia escolar y protección de derechos. A nivel nacional, el Consejo Federal de Educación aprobó orientaciones para la intervención en situaciones complejas en el ámbito educativo que promueven el abordaje institucional de los conflictos, la centralidad del cuidado y la restitución de derechos, y la articulación con otras áreas del Estado. Este enfoque implica dejar de pensar la violencia escolar como un problema exclusivamente disciplinario para comprenderla como una problemática social, institucional y pedagógica.
En paralelo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF vienen señalando el aumento de problemáticas de salud mental en niños, niñas y adolescentes y su impacto en los entornos escolares. En ese marco, destacan la necesidad de fortalecer dispositivos de apoyo psicosocial, generar entornos educativos seguros y promover estrategias de prevención sostenidas.
La existencia de protocolos o guías no garantiza por sí sola su aplicación. Tanto el anuncio de la Ciudad como los lineamientos vigentes en la Provincia muestran avances en la formalización de respuestas frente a situaciones críticas, pero también evidencian tensiones en el territorio escolar. La disponibilidad desigual de equipos de orientación, los tiempos institucionales limitados y la necesidad de formación específica para docentes y directivos condicionan la posibilidad de llevar adelante intervenciones sostenidas.
Más que inaugurar un tema nuevo, las respuestas recientes de ambas jurisdicciones confirman que la violencia escolar ocupa un lugar central en la agenda educativa. La diferencia está en el modo en que cada una comunica y formaliza sus herramientas, pero el desafío es común: lograr que los marcos normativos se traduzcan en prácticas concretas, sostenidas y articuladas con otras políticas públicas.