La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) difundió un posicionamiento en el que reafirmó que las escuelas deben ser concebidas como “territorios de paz” en cada comunidad, y planteó que la escuela pública cumple un rol central frente a la violencia social, los discursos de odio y la creciente fragmentación del tejido social.
El documento, publicado el 17 de abril por la Junta Ejecutiva del gremio, sostiene que la escuela “aloja, enseña, escucha, abraza y organiza comunidad”, y plantea que pensarla como territorio de paz implica defenderla de toda forma de violencia, discriminación, estigmatización y abandono. En ese sentido, el texto pone el foco tanto en el derecho de estudiantes de todas las edades a aprender, como en el de las y los docentes a enseñar en condiciones dignas.
Desde la organización sindical remarcaron que la construcción de espacios educativos en clave de paz no puede desvincularse del contexto social. Por el contrario, advirtieron que la escuela pública no puede quedar sola frente a las consecuencias de la desigualdad, ni absorber en soledad los efectos de la crisis social y el debilitamiento de las políticas públicas.
En esa línea, el posicionamiento vincula de manera directa la posibilidad de construir convivencia democrática en las aulas con una mayor presencia del Estado. Más inversión educativa, políticas sociales integrales, acceso a la salud y derechos garantizados aparecen como condiciones necesarias para sostener escuelas abiertas, inclusivas y con capacidad de respuesta frente a los desafíos actuales.
El documento también propone una mirada pedagógica sobre el concepto de paz, entendida no solo como ausencia de violencia, sino como construcción cotidiana basada en el diálogo, el respeto por la diversidad y la inclusión. Desde esa perspectiva, la escuela es presentada como un espacio clave para fortalecer la convivencia democrática y promover valores colectivos en contextos atravesados por tensiones sociales.
Finalmente, desde CTERA convocaron a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sostener y defender la escuela pública como un ámbito de cuidado, enseñanza y construcción de ciudadanía, en el que la palabra, el encuentro y el conocimiento se constituyen como herramientas fundamentales frente a la violencia.