El Gobierno y los cinco gremios docentes nacionales acordaron un nuevo aumento del salario

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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acordaron con representantes de los gremios un aumento que eleva el salario Mínimo Nacional Docente Garantizado a $ 90.338 en febrero y contempla, además, un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

El acuerdo alcanzado en el marco de la reunión paritaria, fue suscripto durante un encuentro en el Salón Mujeres Argentinas, del que también participaron el Jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el secretario general de UDA, Sergio Romero; la secretaria gremial de SADOP, Marina Jaureguiberry; el secretario adjunto de la AMET, Ernesto Cepeda, y el secretario general de la CEA, Fabián Felman.

“Es una vergüenza que durante cuatro años la paritaria nacional se suspendió, y es imperioso sostenerla para jerarquizar el rol del docente”, afirmó el Presidente tras la firma del acta acuerdo de actualización paritaria, un mecanismo que “estoy contento de haber restituido” y que “debemos hacer que a nadie más se le ocurra que es posible que desaparezca”, agregó.

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Por último, el mandatario definió como “Estado tonto” al que “piensa que otro que no sea el Estado se va a preocupar de la educación pública. Eso es falso, eso es mentira”, aseveró y añadió que “si queremos progresar, tenemos que seguir apostando a la inversión”.

El incremento salarial

Se hará efectivo en tres tramos de $ 81.325 en diciembre, $ 84.500 en enero y $ 90.338 en febrero de 2023. En la reunión paritaria también se acordó un nuevo encuentro para febrero y un aumento del FONID de $ 11.000 en diciembre, y de $ 12.100 en enero y febrero del año próximo.

El ministro Perczyk resaltó que “a partir de la propuesta del Gobierno nacional el presupuesto votado del próximo año incluye una garantía del 1.33 % del PBI para la educación, lo que expresa una expansión que permite que la inversión siga creciendo”.

“Es imprescindible garantizar la Educación como un derecho y una política de Estado, con el financiamiento adecuado y continuo, independientemente de las gestiones de gobierno, como condición necesaria para el logro de la justicia social y la transformación educativa”, resaltó. AP

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