Las universidades nacionales atraviesan una nueva semana de conflicto. Desde el lunes 27 de abril y hasta el sábado 2 de mayo, la docencia universitaria lleva adelante un paro nacional convocado por CONADU Histórica, en el marco de un plan de lucha que tendrá su punto central el lunes 12 de mayo, cuando se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.
El eje del reclamo es la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización del presupuesto y la recuperación del salario docente frente a la inflación. Desde el sector advierten que la situación impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de las universidades, afectando no solo las clases sino también la investigación, las becas y los programas de extensión.
La norma que hoy concentra el conflicto atravesó un recorrido institucional complejo. Fue aprobada por el Congreso de la Nación con el objetivo de garantizar una actualización automática de los recursos para el sistema universitario, en un contexto de fuerte deterioro presupuestario. Sin embargo, tras su sanción, el Poder Ejecutivo decidió vetarla, lo que abrió un escenario de fuerte tensión política.
Ese veto fue posteriormente rechazado por el Congreso, en una decisión que buscó restituir la vigencia de la ley y responder a la demanda de las universidades. El rechazo parlamentario al veto presidencial marcó un punto de inflexión en el conflicto, al evidenciar un amplio respaldo institucional al reclamo por el financiamiento educativo.
A partir de allí, la disputa se trasladó también al plano judicial. En las últimas semanas, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó una medida cautelar que ordena avanzar en la implementación de la ley, reconociendo la necesidad de garantizar el funcionamiento del sistema universitario. Este fallo volvió a colocar el tema en el centro de la agenda pública y sumó un nuevo capítulo a la discusión.
En este contexto, la movilización del 12 de mayo se presenta como una instancia clave. La convocatoria busca reunir a docentes, estudiantes, autoridades universitarias y distintos sectores sociales para visibilizar la situación del sistema universitario público y presionar por una resolución efectiva del conflicto.
Más allá del reclamo salarial, desde el sector sostienen que está en juego la sostenibilidad del sistema universitario en su conjunto. La discusión, advierten, ya no es solo presupuestaria, sino estructural: cómo garantizar el derecho a la educación superior en un escenario de restricciones crecientes y con un conflicto que ya atraviesa instancias parlamentarias, políticas y judiciales.