Los sindicatos docentes nucleados bajo la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) se alistan para llevar a cabo un paro nacional convocado para mañana miércoles 10 de agosto, a raíz del reclamo contra la “criminalización” de un gremialista que causó incendios en la Legislatura de Chubut, y por el pedido al Gobierno Nacional a una nueva apertura de paritarias.
La secretaria general de Ctera Sonia Alesso confirmó que la medida de fuerza sigue vigente y dijo que el miércoles 10 habrá diferentes actos y movilizaciones en las provincias en reclamo por “la apertura de paritarias, las condiciones de trabajo docente” y en específico por el fallo de la Justicia sobre el exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech) Santiago Goodman.
Santiago Goodman
La semana pasada, el exsecretario fue declarado culpable por “incendio gravoso” durante una manifestación de septiembre de 2019 en la legislatura de esa provincia durante una jornada de reclamos del sector docente hacia el gobierno provincial por mejora salarial y de las condiciones laborales.
A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Ctera dieron a conocer la medida en la que expresan que el fallo sobre Goodman es “una causa armada, con espionaje ilegal, en medio de una situación social grave en la provincia con atraso de salarios de dos y tres meses, con un ajuste salvaje”.
Gremios que se suman al paro
A la convocatoria se sumó el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), dirigido por Roberto Baradel, y de igual forma lo hizo la Asociación Docente de la ciudad de Buenos Aires (Ademys) quienes reclamaron “por un plan de lucha nacional contra el ajuste y por todas las reivindicaciones de los trabajadores de la educación”.
El secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, indicó que están “de acuerdo con el paro y con la consigna de apelación sobre Santigo Goodman”, pero que agregarán otros reclamos ya que Ctera “está subordinada al Gobierno Nacional” y no exigieron a la administración de Alberto Fernández la “apertura a las mesas salariales” y la denuncia sobre “la política salarial del Gobierno y los gobernadores”. AP